Cuando la orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe temporalmente la entrada de refugiados y de personas provenientes de siete países de musulmanes comenzaba a registrar sus primeras consecuencias, una jueza federal de distrito de Nueva York emitió o un fallo que, sin revertir por completo el decreto presidencial, sí atemperó provisionalmente uno de sus efectos más notorios.
La juez Ann M. Donnelly determinó, tras escuchar una petición urgente de la American Civil Liberties Union (ACLU), que las personas retenidas en los aeropuertos del país, y a las que no se les permitió la entrada con base en la citada orden ejecutiva de Trump, no fueran devueltas a sus países.
Se trató de la primera acción judicial en contra de la política de Trump en materia de refugiados e inmigración, y fue recibida con alivio por los miles y miles de personas que protestaron durante el pasado fin de semana en contra esa prohibición a la llegada de refugiados y viajeros de ciertos países. Y aunque se trata solo de una medida transitoria, podría dar pie a una creciente impugnación judicial a las órdenes ejecutivas en cuestión.
Donnelly, como narra el periódico The Washington Post, estudió lengua inglesa e incluso participó en obras teatrales en su época de estudiante. Pero después ingresó a la escuela de Derecho y se concentró en el trabajo de justicia. Por 25 años trabajó como fiscal en Nueva York, atendiendo casos de crímenes violentos y de abuso contra menores. Y uno de los casos más sonados en los que participó fue como la parte acusadora en el proceso por fraude millonario en Tyco International, que se saldó con sentencia de culpabilidad contra dos altos ejecutivos de la empresa.
Luego se convirtió en jueza en cortes del estado de Nueva York y en 2014 el entonces presidente Barack Obama la nominó juez federal de circuito, pero pasaron unos seis meses antes de que el Senado realizara una audiencia para su ratificación. El Post narra que en una sala llena por la numerosa y clamorosa familia de Donnelly, el Senado finalmente la confirmó en el cargo.
Pero aunque en cierto modo es aún una novata en su puesto, su fallo en torno a la orden ejecutiva de Trump la colocó ya en los reflectores a escala nacional. El fundamento para emitirlo no fue, con todo, basado en una posición política o ideológica sino en la noción de que e
sas personas no deberían ser devueltas a su país dado que contaban con visas otorgadas por el gobierno estadounidense y que este no podía garantizar que no sufrirían daño irreparable si eran devueltas a su lugar de origen.
Para muchas de esas personas, su lugar de procedencia está asolado por la guerra y la persecución.
Donnelly firmó entonces su fallo, de observancia a escala nacional, avalando que los retenidos puedan quedarse en el país y recibió la aclamación de miles de personas que protestaban en aeropuertos a todo lo ancho de Estados Unidos. Fue a la vez un acto de justicia y de compasión. Esos refugiados e inmigrantes beneficiados aún tienen frente a sí un incierto futuro, pero por lo menos tendrán la oportunidad de quedarse en el país.
Donnelly, por su parte, recibió el aplauso por su determinación. Como narra The New York Times, personas que la conocen y trabajaron con ella en el pasado resaltaron su inteligencia, su tranquilidad al escuchar y emitir determinaciones en sus casos y su sentido de la justicia.
Con todo, la orden de Trump sigue firme y el bloqueo a la entrada de refugiados y personas de Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Sudán y Somalia se mantiene pues el fallo de Donnelly sólo se aplicaría a aquellos que ya estaban en tránsito cuando la orden ejecutiva entró en vigor.
Pero 15 procuradores estatales y el del Distrito Columbia ya han condenado esa orden ejecutiva de Trump en materia de inmigración, y podrían impugnarla legalmente a mayor escala. Un primer paso en ese sentido lo tomó ya el procurador general del estado de Washington, quien anunció este lunes que presenta una demanda contra el gobierno federal alegando que la orden ejecutiva de Trump es inconstitucional.
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